Entre el 70% y el 80% de niñas, niños y adolescentes pudieron identificar situaciones de abuso gracias a contenidos trabajados en la escuela. La tasa de embarazo adolescente cayó un 49% entre 2014 y 2020 y la mitad de los estudiantes afirmó haber podido reconocer situaciones de violencia entre pares. Esos son algunos de los principales resultados que distintos informes de Unicef y del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires atribuyen a la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) en la Argentina.

A veinte años de la sanción de la Ley 26.150, y en medio de nuevos cuestionamientos impulsados por dirigentes libertarios y funcionarios como la vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio, este es el balance de una de las políticas educativas que más debates generó desde su creación.

La Ley Nacional de Educación Sexual Integral es una norma que establece el derecho de todos los estudiantes de los tres niveles de escolaridad a recibir información “actualizada y científicamente validada” acerca de la sexualidad. Los contenidos —que abarcan desde aspectos biológicos, como la anatomía humana y el cuidado propio, hasta la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el respeto a la diversidad en orientaciones sexuales y tipos de cuerpos— son básicos, comunes y de carácter obligatorio de acuerdo con la franja etaria de los alumnos.

También obliga a docentes y directivos de escuelas a garantizar su cumplimiento, mientras que su implementación no requiere la autorización de los adultos responsables.

Recorrido

La Ley 26.150 tuvo dos momentos centrales desde su aprobación. El primero ocurrió en 2006, cuando se sancionó durante la presidencia de Néstor Kirchner, en medio de fuertes resistencias de sectores religiosos y conservadores.

La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera) publicó entonces un comunicado en rechazo a la normativa; el arzobispo emérito de La Plata, monseñor Héctor Aguer, comparó la ESI con la corrupción de menores; y la Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la República Argentina (Faera) consideró que forma parte de un enfoque “monopólico y uniformador”, entre otras acciones.

El segundo punto de inflexión llegó, sobre todo, a partir de 2018. En el contexto del debate por la legalización del aborto y de los reclamos del movimiento feminista, la implementación de la ESI comenzó a incorporar de manera más explícita contenidos vinculados con perspectiva de género, diversidad sexual, consentimiento, derechos sexuales y reproductivos, y cuestionamiento de estereotipos de género, es decir, los prejuicios generalizados que existen sobre las características y roles que se espera que tengan hombres y mujeres.

Así, la ESI aprobada en 2006 no es exactamente la misma que hoy se aplica en las escuelas. Aunque el texto de la ley se mantuvo prácticamente sin modificaciones, durante los años siguientes su implementación fue incorporando nuevos lineamientos curriculares y quedó articulada con otras normas de ampliación de derechos vinculadas a género, diversidad e identidad.

Y es que, desde su sanción, se aprobaron distintas leyes que ampliaron el marco normativo relacionado con igualdad de género y diversidad: el agravante por Violencia de Género en el Código Penal, que incorporó la figura de femicidio, cuando un hombre mata a una mujer por el hecho de ser mujer y mediando violencia de género; la Ley de Paridad de Género, que estableció que las listas de candidatos para cargos legislativos nacionales sean un 50% mujeres y 50% varones; la Ley Micaela, que estableció la capacitación obligatoria en perspectiva y violencia de género para trabajadores del Estado; el Cupo Laboral Travesti-Trans, que obligó al Estado a reservar un 1% de sus puestos de trabajo para personas travestis, transexuales y transgénero; y la Ley de Identidad de Género (26.743), sancionada en 2012.

Esta última fue una de las más relevantes y, a su vez, de las más divisivas, ya que garantizó el derecho a que todas las personas sean tratadas y reconocidas según el género por el que quieran identificarse. Su implementación permitió la ejecución de otras medidas, como el DNI no binario, el cambio de género en el documento —es decir, la posibilidad de modificar el sexo, nombre de pila y fotografía—; los tratamientos hormonales de adecuación corporal; y las intervenciones quirúrgicas de cambio de género.

El impacto de la ESI y los cuestionamientos

Para especialistas en educación, la principal transformación de la ESI fue el cambio de paradigma que produjo dentro del sistema educativo.

Según Graciela Morgade, doctora en Educación y especialista en ESI, la implementación tuvo un gran impacto en el pensamiento educativo y pedagógico. “No es la misma desde su concepción. Cuando empezó se pensaba que solo necesitaban ESI las personas adolescentes que se iniciaban en la pubertad y la vida sexual”, expresó y diferenció: “Ahora tiene perspectiva integral para toda la vida y un alcance mucho mayor”.

En la misma línea, Alejandra Doretti, psiquiatra infantil miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), coincidió y marcó la necesidad de que los menores hablen con un adulto sobre estos asuntos. “Muchas veces la primera vez que los padres tocan el tema es cerca de la adolescencia y sólo para hablar de cómo evitar el embarazo o el contagio de enfermedades sexuales”, expresó.

“Ahora escuchamos a los niños decir que no deben callarse ni aceptar ningún contacto que les resulte inadecuado con un adulto. Lo valioso es que este tema haya podido visibilizarse en estos últimos años y que los chicos tengan herramientas para defenderse”, resaltó Doretti.

Entre sus detractores, uno de los principales cuestionamientos es que la ESI incorporó contenidos vinculados con la identidad de género y la diversidad sexual que, según sostienen, exceden el objetivo original de la ley y “obligan a los niños a hacerse preguntas antes de tiempo” que deberían producirse en el ámbito familiar.

“El problema no es solo la venta de la ideología de género como un viaje a Disney en el que si no te gusta quién sos, lo cambiás, sino que además es la sexualización de los chicos en la clase”, dijo a LA NACION Graciela Spinelli, presidenta de la organización “Padres Unidos contra la ideología de género en la escuela”.

Según la dirigente, los contenidos actuales “legitiman un diálogo que los chicos deberían tener en las casas para que puedan tener una distinción entre lo público y lo privado”. “Llegó el momento de cuestionar a la ESI como el marketing de la disforia de género. Es el caldo de cultivo para decir que el sexo es una construcción social: el género no existe, menos a esa edad”, reforzó.

Los detractores rechazan la definición oficial que refiere que el sexo viene determinado por la naturaleza y es con lo que una persona nace: masculino, femenino o intersexual (cuando nacen con características sexuales que no encajan con el binomio tradicional); mientras que el género es una construcción social y cultural aprendida que abarca los roles y expectativas que se consideran apropiados para hombres y mujeres según la época y el lugar.

Frente a esos planteos, especialistas que trabajan en salud sexual y educación sostienen que la evidencia muestra efectos positivos de la política pública.

La médica pediatra Jimena Le Bellot, que dicta talleres sobre ESI para familias y divulga contenidos de crianza en redes sociales bajo el usuario @soymamaypediatra, opinó: “Piensan que les va a dar ideas, a sexualizarlos, que van a tener relaciones antes. Y, en realidad, es darles información que si no van a buscar por otro lado: van a ir con un compañero que les va a decir cualquier cosa o van a caer en la pornografía”.

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La especialista también destacó el papel preventivo de la educación sexual. “Es un tema tabú, pero es clave para la prevención de abusos. Los adultos no tenemos mucha información ni idea; es un tema poco hablado y hay miedo”, remarcó.

Entre los críticos de la ESI aparece un planteo recurrente: que, pese a los veinte años de implementación, continúan creciendo algunas enfermedades de transmisión sexual. "¿Qué pasó que aumentaron los abusos y las enfermedades de tipo sexual? Si tenemos 20 años de ESI y estos números aumentan, ¿qué estamos haciendo?¿Queremos mirar para otro lado?”, lanzó Spinelli.

Los datos oficiales muestran un escenario mixto.

De acuerdo con el Boletín N.º 42 de Respuesta al VIH y las ITS publicado por el Gobierno en diciembre de 2025, se notificaron 3134 casos de gonorrea, una cifra levemente inferior a la del año previo; 3101 casos de clamidia, también en descenso; en tanto, hubo 36.917 casos de sífilis, que volvió a aumentar respecto de 2023.

En cuanto al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), hubo 6900 casos notificados entre 2023 y 2024, apenas por encima del período anterior.

Desde Fundación Huésped advirtieron que esos indicadores se atribuyen, por un lado, a los recortes económicos aplicados en el último tiempo, pero que, si embargo, el problema “tiene muchas dimensiones”.

“Sólo el 30% de las personas sexualmente activas usaron profiláctico en las relaciones sexuales y un 20% de los adultos mayores (a partir de los 50 años). Esto muestra que no es un problema de las juventudes sino algo que trasciende los grupos etarios", indicó a LA NACION Leandro Cahn, director ejecutivo de la organización, y marcó: “Quieren ponerle a la ESI una responsabilidad como si fuera un factor unicausal cuando es muchísimo más complejo”.

Según estudios realizados por Fundación Huésped, el 74% de los estudiantes secundarios considera que los contenidos que más se trabajan en la escuela son los vinculados con anatomía, aparato reproductor, prevención de infecciones de transmisión sexual y métodos anticonceptivos. “Esto muestra que los chicos dicen tener la información, pero no necesariamente se traslada a prácticas de cuidado”, analizó Cahn.

Al respecto del crecimiento de las enfermedades de transmisión sexual, el especialista insistió en que se trata de un “factor multicausal” y enumeró: “Baja el uso de preservativos a nivel global; los tratamientos de VIH lograron que deje de ser tema central vinculado a la sexualidad y fue víctima de su propio éxito; para prevenir embarazos hay otros métodos...”.

El componente económico, dijo Cahn, también es clave. “La implementación de ESI es dispar y los distintos gobiernos provinciales y nacionales tienen una desfinanciación y desatención en materia de ESI. En 2024 y 2025 el Gobierno no distribuyó preservativos”, lamentó.

Ley de identidad de género

Si bien la Ley de Educación Sexual Integral no regula cuestiones como la identidad de género ni los tratamientos de adecuación corporal, ambos temas quedaron fuertemente asociados en el debate público a partir de la expansión de políticas de diversidad durante la última década.

Ese giro es, precisamente, uno de los principales puntos de conflicto entre quienes defienden el enfoque actual de la ESI y quienes consideran que la política pública se alejó de los objetivos con los que fue sancionada en 2006.

La Ley de Identidad de Género (promulgada en 2012) se convirtió en una de las normas más relevantes y, al mismo tiempo, una de las más divisivas, al garantizar el reconocimiento del derecho a la identidad de género autopercibida. Su implementación dio lugar a otras medidas, como el DNI no binario, los tratamientos hormonales de adecuación corporal y las intervenciones quirúrgicas de cambio de género.

Sin embargo, parte de ese esquema trató modificarse con la llegada de Javier Milei a la Presidencia. En febrero de 2025, el Gobierno prohibió los tratamientos de hormonización y las intervenciones quirúrgicas de adecuación corporal para menores de 18 años, al considerar que los niños y adolescentes no cuentan con la madurez suficiente para consentir procedimientos irreversibles.

Sin embargo, a fines de julio de 2026, la Justicia Federal suspendió de forma cautelar el DNU tras una apelación de la Federación Argentina LGBT+. A partir de este fallo, los menores volvieron a estar habilitados a realizarse este tipo de tratamientos e intervenciones. El Estado, por su parte, tiene hasta el 10 de agosto para presentar un recurso extraordinario y continuar con la apelación.

Según datos recopilados por LA NACION, en la Argentina se registraron 20.804 trámites de rectificación registral desde la aprobación de la Ley 26.743 de Identidad de Género en 2012. Del total, 10.618 (un 51%) fueron mujeres; 8049 hombres (un 38,7%); y 2137 (aproximadamente un 10,3%) cambiaron a género no binario —incluido Dyhzy, el hijo del expresidente Alberto Fernández—, implementado en 2021 tras la firma del Decreto 476/2021. Al momento de solicitar la modificación a la letra “X” en el campo de sexo, 214 personas tenían entre 0 y 17 años y otras 1195 entre 18 a 29.

Datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper) a los que accedió este medio indicaron que el 37,3% de los trámites de cambio de género a masculino o femenino ocurrieron en Buenos Aires y un 12,4% en la Ciudad, los dos distritos con números más altos.

La Ley 26.743 también fijó las bases para garantizar el acceso a las cirugías de cambio de género y los tratamientos de hormonización. Las intervenciones quirúrgicas incluyen, por ejemplo, aumento mamario, mastectomía, aumento de glúteos, orquiectomía, penectomía, vaginoplastia, clitoroplastia, vulvoplastia, anexohisterectomía, vaginectomía, metoidioplastia, escrotoplastia y faloplastia con prótesis peneana.

Desde la administración mileísta explicaron que los insumos que adquiría el Estado eran distribuidos a las 24 jurisdicciones, además de a cuatro hospitales nacionales. Para el período que va entre enero de 2020 y diciembre de 2023, el Ministerio de Salud dijo que envió 548.662 tratamientos de hormonización por un monto equivalente a $848.365.342,89.

En la Argentina, los tratamientos de adecuación o cambio de género están incluidos por ley en el Programa Médico Obligatorio (PMO), tanto en el sistema de salud público como privado. Por lo tanto, prepagas y obras sociales tiene la obligación legal de brindar cobertura a las personas que lo requieran.

Sin embargo, los registros de prestaciones efectivamente realizadas en hospitales nacionales muestran cifras considerablemente menores. De acuerdo con información que obtuvo LA NACION a través de un pedido de acceso a la información pública, en los cuatro hospitales de gestión nacional se registraron 909 tratamientos de terapia hormonal (457 a menores) y 42 cirugías de reasignación de género desde el 29 de mayo de 2015 hasta el 9 de mayo de 2026.

En el Hospital Laura Bonaparte, el primer antecedente registrado data de 2022. Desde esa fecha hasta este año se realizaron 428 tratamientos hormonales a personas de entre 19 y 26 años. El Hospital Ramón Carrillo tiene únicamente datos de 2023, cuando se hicieron 24 terapias hormonales a mayores de 16 años con insumos suministrados por el Ministerio de Salud.

Finalmente, el Hospital Alejandro Posadas consignó 430 tratamientos desde 2020 a 2026 en un promedio de edad que fue de los 14 a los 33 años. Además, fue el único centro nacional en donde se realizaron cirugías de reasignación: 42, todas entre los 21 y 37 años. Además, otros 137 pacientes realizaron consultas, aunque finalmente no fueron intervenidos.

En cuanto a los dos centros restantes, en el Hospital Baldomero Sommer no se hicieron tratamientos ni cirugías y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (Inareps) no realiza ese tipo de procedimientos. Según los datos oficiales de la cartera de Salud, no se efectuaron intervenciones quirúrgicas a menores de edad en ninguno de los hospitales dependientes del Estado.

En 2026, el costo total de la prestación de terapias hormonales ronda los $340.000, según datos obtenidos por LA NACION.

Para los sectores críticos, el problema excede los contenidos escolares y reclaman volver a las bases de 2006. Esto es, que la enseñanza se enfoque únicamente en la prevención de abusos y de contagio de enfermedades y que se elimine lo que definen como “ideología de género”.

“La ESI surge como calendario de la agenda no reproductiva de la ONU: responde al negocio de la hormonización y de la cirugía en menores y persigue una política de control de población”, denunció Spinelli. Oficialmente, el término “agenda no reproductiva” no existe como documento o política oficial. Sin embargo, los grupos conservadores se refieren de esa forma a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que impulsa, entre otras directrices, el acceso universal a los servicios de planificación familiar, a la educación sexual, la reducción de la mortalidad materna y la atención segura del aborto.

Por otro lado, la titular de la organización contra la ESI señaló la ESI “es la entrada a la pedofilia”. “Encontramos material que legitima y naturaliza la pedofilia con imágenes", reveló. El contenido al que hizo alusión es parte de las Cartas NOS del material “Colección ESI”, un juego interactivo diseñado por Mariana Nobre para estudiantes de primaria en la provincia de Buenos Aires.

Ezequiel Baigorria, psicólogo clínico y preventor de casos de abuso infantil, coincidió: “No existe un filtro para impedir que un agresor sexual tenga contacto con los chicos en la escuela; los psicotécnicos son leves. La ESI no protege a los niños: derriba defensas internas, banaliza la intimidad, adelanta la sexualidad, no respeta los tiempos e incluso se puede encuadrar en el delito de corrupción de menores”.

El especialista aclaró, sin embargo, que considera indispensable una política de educación sexual.

“Es necesaria, pero sin el marco ideológico. Arruinaron el término; habría que pedir que se les dé lugar a las familias; que haya un filtro del Estado para garantizar que un pedófilo no tenga contacto con los niños; quitar el contenido ideológico; que mencione la abstinencia y la monogamia como opciones viables”, sumó y planteó: “No es integral y no incluye una perspectiva diferente”.

La postura del Gobierno

En numerosas ocasiones el Presidente se mostró crítico de la ley y la calificó de ser un “ataque directo contra las familias” y un “mecanismo por el cual se le deforma la cabeza a la gente”.

Las objeciones del libertario quedaron incluso plasmadas en la plataforma electoral de La Libertad Avanza (LLA) que fue presentada ante la Cámara Nacional Electoral previa a las elecciones presidenciales de 2023. Se proponía entonces la “eliminación de la obligatoriedad de la ESI en todos los niveles de enseñanza” para así garantizar “mayores grados de libertad en la elección de contenidos, métodos y educadores para las escuelas” y “permitir a las familias más niveles de decisión sobre el tipo de educación que quieren para sus hijos”.

En la misma línea, la diputada nacional de LLA, Patricia Vázquez, anticipó que presentará un proyecto en el Congreso de la Nación que buscará modificar esta normativa. “La ley de ESI tenía dos objetivos: evitar embarazos y abusos, y eso se desvirtuó”, consideró en diálogo con LA NACION. Según detalló la parlamentaria, su principal interés radica en modificar los objetivos para que el único propósito de la ley sea evitar abusos y embarazos no deseados y preservar el cuidado del cuerpo.

“No pueden leer pornolibros ni tampoco ver carteles que digan ‘si te autopercibís distinto, tenés que exigir que te respeten’. La autopercepción no puede ser generadora de derechos de terceros”, aseveró y añadió: “No podemos transformar la ESI, tan posiblemente necesaria en los enfoques iniciales, en lo que es ahora. El colectivo trans en la Argentina es ínfimo: es una excepción, está en la decisión personal de cada individuo y no podemos regular por cada cosa que les pasa”.

Tras una serie de reuniones con funcionarios del Ministerio de Capital Humano, Vázquez aseguró que existe coincidencia con esa mirada dentro del oficialismo. “Tengo coincidencias con Patricia Bullrich y también con diputados de otros bloques”, dijo.

Fuentes de la oposición consultadas por este medio consideran, sin embargo, que el Gobierno difícilmente avance en el corto plazo.

“Vamos a empezar una tarea mediática para instalarlo como tema de agenda”, aseguró Vázquez. Sin embargo, consultados por LA NACION, desde el gobierno de Milei afirmaron que, por el momento, no existe una estrategia concreta para impulsar una reforma integral de la normativa de la ESI en un futuro cercano.